Proceso de paz en la República de Guatemala

Proceso de paz en la República de Guatemala

     La búsqueda de una paz firme y duradera en Guatemala responde a una cada vez mayor voluntad de los gobiernos centroamericanos por buscar dicha paz en sus respectivos Estados, así como en la región en su conjunto. Dicha voluntad se materializó como paso previo a los acuerdos concretos referidos a Guatemala mediante los acuerdos Esquipulas y Esquipulas 2, firmados en 1986 por los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

     El proceso para la firma de unos acuerdos de paz definitivos en Guatemala se inicia aproximadamente una década antes de su conclusión, comenzando las negociaciones en 1987 para firmarse los acuerdos de forma total en 1996. De manera teórica los acuerdos pretendían atajar los problemas que habían derivado en el conflicto armado en un primer momento, ideándose para ello un proceso ideal de construcción de la paz que trató de llevarse a la práctica. La verdadera transformación que aspiraba a impulsar el proceso de paz era la de la estructura del Estado, caracterizándose esta por enormes elementos de desigualdad que habían llevado al país al conflicto.

     El proceso se vio fuertemente impulsado por actores de la sociedad internacional, notablemente las Naciones Unidas a través de la MINAGUA (la misión de Naciones Unidas específica para el caso de Guatemala y su pacificación), así como el denominado grupo de países amigos, que jugaría un papel de apoyo a los pasos a dar para la culminación del proceso de la manera más deseable para las partes. El impulso internacional al proceso se extendió a los años posteriores a la firma de la paz firme y duradera, siendo este representado por un gran volumen de financiación al mantenimiento de la paz en Guatemala.

La asunción por parte de las Naciones Unidas de un papel fundamentalmente impulsor del proceso de paz en Guatemala no implica en ningún caso que la voluntad de alcanzar una paz firme y duradera no estuviera enormemente presente anteriormente, habiéndose mencionado en este sentido los acuerdos Esquipulas y Esquipulas II.

Sin embargo, sí puede decirse que los esfuerzos exclusivamente nacionales por alcanzar la paz, iniciados en la década de los 90, encontraron grandes obstáculos, que tuvieron como colofón el fallido golpe de Estado de Serrano Elías, poniendo en peligro la totalidad del proceso. Fue tras este suceso, y concretamente en 1994, cuando las Naciones Unidas iniciaron su papel de mediación, acordándose la reanudación del proceso de negociación para alcanzar la paz en Guatemala.

A partir de este momento, y bajo el paraguas mediador de las Naciones Unidas, se iniciaron las negociaciones para la consecución de una serie de acuerdos en diversos ámbitos del conflicto, así como para la creación de una serie de instituciones como por ejemplo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (en 1994), que desempeñaría un papel fundamental desde su creación y hasta el final del proceso en lo referente tanto a la delimitación concreta del conflicto, su desarrollo y las partes implicadas, como en el establecimiento de responsabilidades derivadas del mismo.

En cuanto al elemento más técnico en lo que respecta al proceso de paz guatemalteco, puede decirse que los acuerdos toman desde un primer momento dos vertientes diferenciadas: por una parte se impulsan acuerdos llamados operativos (referentes a cuestiones inmediatas y coyunturales, en relación con el fin inmediato de la violencia surgida a raíz de la guerra) y por otra aquellos de carácter sustantivo (orientados hacia aspectos más estructurales como el reconocimiento de los derechos indígenas o el fortalecimiento e impulso de las instituciones guatemaltecas).

Las denominaciones concretas de los acuerdos que componen el llamado proceso de paz guatemalteco se van a recoger en el presente análisis a efectos de contextualizar de manera concreta cómo y en qué orden fueron planteados y firmados. Tras el bloqueo del proceso, inicialmente desarrollado en el plano exclusivamente nacional, este se internacionaliza, interviniendo en el mismo diversos actores internacionales para reimpulsar el proceso. En este sentido destaca en primer lugar el “Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNC”, con fecha del 10 de enero de 1994.

Las Naciones Unidas inician en este punto su papel impulsor, recogiéndose asimismo un llamamiento a los llamados países amigos para que tomaran parte en la consecución de la paz guatemalteca (concretamente se consideró como países amigos a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Noruega, España y México). A partir de este compromiso de reanudación de las negociaciones para la paz se irían forjando los distintos aspectos de la misma, siendo el paso siguiente la concreción de un calendario de negociaciones en el mes de marzo de ese mismo año.

     El siguiente ámbito negociado fue el de los Derechos Humanos, culminando con el “Acuerdo global sobre Derechos Humanos” del 29 de marzo de 1994. Se focaliza en el reforzamiento de los derechos tanto de carácter civil como político introduciendo una serie de garantías con respecto a los mismos. Por otra parte, y en relación con esta voluntad de protección de los Derechos Humanos, se hace hincapié en las instituciones encargadas de ello, recogiéndose en el acuerdo la necesidad de fortalecer el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, y desde el paraguas de Naciones Unidas se recoge la creación de una misión ad hoc para observar de manera exhaustiva el cumplimiento de este compromiso.

En junio de ese mismo año se firma el “Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado”. La consecución de este acuerdo implica directamente la necesidad de definición del concepto de población desarraigada, así como la identificación de aquellos que son considerados como tal, para a continuación establecer los principios reguladores para el retorno de estas poblaciones a Guatemala y la observancia del respeto a sus derechos una vez se establezcan de nuevo en el país. En este ámbito toman partido organizaciones como ACNUR y la UNESCO, ejemplos enormemente relevantes dentro de un cúmulo de organizaciones internacionales de cooperación que participaron en este proceso.

Al mismo tiempo se establece el “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca”. La creación de esta institución va a constituirse como un elemento enormemente relevante a lo largo de todo el proceso de consecución de la paz, habiéndose conformado a raíz del reconocimiento de ambas partes del conflicto (la URNG y el Gobierno) de que el derecho a la verdad era aplicable a todo el pueblo guatemalteco.

Estaría formada desde su inicio por dos nacionales guatemaltecos y un coordinador extranjero (en este caso alemán), para tratar de elaborar un juicio neutral, objetivo e igual. Además, la institución estaría jurídicamente protegida, de manera que pudiera realizar cualquier investigación asegurando la inmunidad de los documentos y participantes. La Comisión se encargaría de Investigar, 3 años después de su creación, “las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia” que tuvieran relación con el conflicto armado. Su investigación tendría que pasar por una fase previa de definición de todos estos conceptos, aspecto destacado y con relevancia en el proceso de paz, ya que las distintas definiciones de los hechos condicionarían su juicio.

El siguiente acuerdo, firmado en marzo de 1995, fue el “Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas”, en el que se reconoce la profunda desigualdad histórica que el Estado guatemalteco había ejercido contra los pueblos indígenas y de manera más aguda durante el periodo de conflicto. Asimismo, se recoge como imperiosa la necesidad de incorporar los derechos de los indígenas al conjunto normativo nacional, de forma que pasara a formar parte de la legislación guatemalteca. En este punto se resalta como fundamental la ayuda internacional, tanto en lo referido a recursos técnicos y de carácter financiero como para la divulgación de este ámbito del proceso de paz.

Un año más tarde se firma el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”. Este punto es clave en las negociaciones para la consecución de una paz firme y duradera, debido a que se encuentra en el origen mismo del conflicto, y por tanto constituye una clave para su resolución. Se plantea la necesidad de desarrollo socioeconómico en Guatemala, pasando este por la modificación de la situación agraria, la democratización de la misma, el desarrollo rural, elementos de acceso y propiedad de la tierra, etc. Como colofón a la reforma agraria se plantea la necesidad de transformar la gestión pública y la política fiscal guatemalteca.

El siguiente documento firmado es el “Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática”. Este ámbito del proceso de paz centra su atención en la construcción de una sociedad civil democrática, consciente de su poder con respecto al Estado, y con posibilidades de reivindicarlo ante el gobierno.   

Habiéndose desarrollado el conflicto en un periodo de represión ante la reivindicación popular, se pretende reconstruir el tejido social de la población guatemalteca para alcanzar un “Estado democrático, justo, no discriminatorio, multilingüe y pluricultural” (Asamblea de la Sociedad Civil, 1994).

En diciembre de 1996 se firmaron el “Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego”, el “Acuerdo sobre reformas constitucionales y de régimen electoral”, y el “Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad”. Estos tres acuerdos se centraron en el refuerzo de los elementos jurídicos que constituirían el marco para el cese definitivo al fuego y las reformas del sistema guatemalteco para que este permitiera a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca insertarse en el espectro político del país.

Por último, el 29 de diciembre de 1996 se firmaron el “Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz” y el “Acuerdo de paz firme y duradera”, poniendo fin en términos jurídicos y negociadores al proceso de paz guatemalteco.

Un elemento fundamental que caracteriza las diversas negociaciones que rodearon al proceso de paz fue el de la voluntad de protección integral de los derechos humanos en general, y de los derechos de los indígenas en particular, habiéndose encontrado estos en un completo segundo plano hasta el fin del conflicto y por tanto hasta las negociaciones sobre el proceso de paz. Asimismo, se añadieron como reivindicaciones fundamentales en el proceso de negociación elementos como los derechos económicos y culturales, los derechos de las mujeres, así como en general un compendio de derechos sociales que potenciaban el cambio de los factores que habían llevado al conflicto armado.

Puede sin embargo afirmarse estableciendo una mirada retrospectiva a lo pactado en los acuerdos, así como a la sociedad guatemalteca actual, que las condiciones en las que esta se desenvuelve no son sustancialmente diferentes que aquellas previas al conflicto. En otras palabras, pese a la importante voluntad negociadora, tanto por los elementos nacionales como internacionales, los cambios promovidos por los acuerdos de paz no han sido suficientemente significativos.

En términos de los documentos que componen el denominado proceso de paz, puede decirse que aquellos de carácter operativo han sido cumplidos de manera efectiva, posibilitando el cese del conflicto armado e incorporando a las partes enfrentadas en dicho conflicto a la sociedad guatemalteca. Sin embargo, en lo que respecta a los elementos sustantivos del acuerdo, los impulsos dirigidos hacia la promoción de un cambio estructural en Guatemala no han tenido el éxito que se pretendía durante las negociaciones.

Los gobiernos posteriores al proceso de paz reflejan una gran falta de voluntad política necesaria para implementar los elementos negociados en el mismo, concretamente aquellos incluidos en la parte sustantiva o estructural de las negociaciones. Sin la actuación de estos gobiernos, los cuales difuminaron lo pactado en el proceso de paz para favorecer a sectores económicamente poderosos (básicamente compuestos por la oligarquía del país), el aspecto sustantivo de la paz firme y duradera queda totalmente vacío de contenido, y por tanto no encuentra reflejo en la sociedad guatemalteca posterior a la construcción de la paz.

No solamente la actuación del gobierno es escasa en lo que respecta a la aplicación del acuerdo de paz en Guatemala, sino que existen otros factores de peso que no permiten la consecución sostenida de lo negociado en el mismo. De este modo puede mencionarse la resistencia masiva ejercida por los sectores más conservadores de la sociedad, que han rechazado ampliamente los términos recogidos en los acuerdos sustantivos.

Por otra parte, dichos sectores han encontrado refuerzo en sus posiciones en los medios de comunicación afines, mediante los cuales se ha creado un núcleo de opinión contrario a los cambios estructurales promovidos por el proceso de paz. En tercer lugar, se añade el desencanto de los antiguos miembros de la URNG, incorporados al espectro político guatemalteco tras el fin del conflicto, para los cuales el proceso de paz estaba condenado a difuminarse desde su creación.  

Por: Alicia Brull Valle